<p>Desde 1995, año en que se celebró la IV Conferencia mundial de la mujer, trabajar con perspectiva de género y de manera transversal se ha convertido en una obligación para los poderes públicos. El mandato, sin embargo, ha tenido que sortear numerosos obstáculos, críticas y detractores que, a través de una errónea interpretación de su significado, han querido impedir los avances en pro de una igualdad de género real y no solo formal. A pesar de ello, numerosas políticas públicas han incluido en su diseño e implementación esta nueva herramienta analítica para comprender por qué las acciones de los poderes públicos no son neutrales al género. En este sentido, sí existe un campo de desarrollo gubernamental donde no solo ha sido una necesidad incluir la perspectiva de género, sino una obligación, ha sido el de las políticas sociales. Lo que, a su vez, ha conllevado que aquellas personas que desarrollan su actividad profesional a través de las mismas, hayan debido introducirla en su quehacer diario. Entre ellas, siendo el tema que aquí nos interesa, en el trabajo social. A partir de estas reflexiones, en este texto se pretende mostrar cómo se ha introducido la perspectiva de género en el ámbito de las políticas públicas penitenciarias en España. Puesto que el mismo es uno de los focos de desarrollo de los y las profesionales del trabajo social. Centrando la atención en las particularidades de esta política pública, en la necesidad de usar esta herramienta analítica y en las luces y sombras detectadas en su implementación.</p>