<p>Sin duda alguna, la protección del medio ambiente se ha convertido en uno de los principales temas de discusión en la agenda internacional. A través de las diferentes declaraciones y convenios, los Estados han buscado implementar mecanismos y acciones para la protección de los recursos naturales y menguar el impacto del proceso de industrialización. Para el caso particular del Estado colombiano en la constitución de 1991, se incluyó una serie de artículos que buscan la protección del derecho a tener un medio ambiente sano; estableció en el mismo ordenamiento las acciones populares como el instrumento a utilizar en caso de buscar amparar dicho derecho. Sin embargo, encontramos que en la actualidad los ciudadanos acuden a la protección de los derechos ambientales a través de la acción de tutela, producto de los cambios en la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha avalado mediante diferentes sentencias. Al preguntarse sobre las razones que llevaron a la Corte Constitucional a proteger derechos ambientales por vía de la acción de tutela y no solamente mediante la acción popular encontramos tres fases: la primera cuando no amparaba tal derecho; la segunda cuando lo protegió en conexidad a derechos fundamentales; y, la tercera fase cuando desarrolla la postura de la protección del derecho social fundamental.&nbsp;</p>