<p>El presente artículo pretende mostrar la diferencia que debe existir en la consecuencia jurídica de la conducta realizada por un funcionario o exfuncionario público en el trámite de las acciones de repetición, ya que el legislador a pesar de establecer una divergencia entre una conducta dolosa y una gravemente culposa, no estableció una condena diferenciada para el agente del Estado. Dentro del proceso de investigación se empleó un método mixto, por un lado se buscó determinar la dogmática de la acción de repetición trabajando documentalmente la literatura existente y las normas jurídicas aplicables, para posteriormente confrontarla con la realidad de los procesos de repetición que se adelantan en los juzgados administrativos de la ciudad de Tunja, dentro del período comprendido entre el 2009 y el primer semestre de 2012.</p>