<p>En el presente artículo se realiza una breve reflexión acerca de una de las más nocivas formas de contaminación de la que ha sido víctima nuestro país: el derrame de petróleo. Si bien es cierto que la mayoría de derrames corresponden a las voladuras de oleoductos por parte de la guerrilla, también es cierto que por el carácter peligroso que ostenta la actividad petrolera, se presenta una afectación por los derrames accidentales generando graves consecuencias ambientales, afectando con ello la salud pública y, por ende, los derechos colectivos.</p>
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<p>Es innegable que las voladuras de oleoductos no corresponden a la actividad petrolera, motivo por el cual no es imputable al Estado en la medida que el daño ha sido ocasionado por un tercero, denominado como eximente de responsabilidad. Por otra parte, en los derrames accidentales, las cláusulas de indemnidad o exonerativas en los contratos de asociación petrolera serán válidas entre las partes pero inoponibles ante terceros, para con ello establecer la importancia de existir un fundamento reparatorio a cargo del Estado Colombiano por los daños ocasionados en materia ambiental en ejercicio de la actividad petrolera, sustentado en el deber constitucional de proteger el medio ambiente y basado en los elementos de la responsabilidad: daño, imputación y la antijuridicidad; y si deberían finalmente ponerse en marcha instrumentos jurídicos, económicos, un sistema de prevención más severo y de responsabilidad.</p>