<p>Las relaciones laborales, tanto en el derecho privado como en el derecho público, tienen dos partes: empleador y trabajador. Pero sucede que, cuando una de las partes inmersas en la misma, es una entidad del derecho público, la situación resulta diversa. Y cuando una persona jurídica del derecho internacional público aparece como empleador, la situación cambia aún más y la base sobre la cual se erige el derecho del trabajo, la desigualdad fáctica del trabajador que se ve compensada con desigualdad jurídica, también empieza a mutar, ya no por virtud del principio protector, sino por el ingreso de nuevos factores a la ecuación como contrapeso, por el ingreso del principio de reciprocidad del derecho internacional público; y en este contexto, la justiciabilidad de los derechos laborales de los trabajadores, varía. ¿Qué normatividad rige las relaciones laborales en las embajadas, consulados y organizaciones internacionales? ¿Qué normas sustantivas y procesales les aplican? ¿A qué estado se acude para reclamar el cumplimiento de normas laborales en estos casos? ¿Qué competencia procesal laboral hay en Colombia para esos casos? Estas son solo algunas preguntas que surgen de las tensiones creadas entre el derecho del trabajo y la inmunidad de jurisdicción, y será en este escrito, a través de la visión jurisprudencial propuesta por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que trataré de analizar el fenómeno.</p>