<p>La finalidad principal de los tratados bilaterales de inversión es la protección de los inversores nacionales de uno de los países signatarios, en lo que se refiere a sus inversiones en el territorio del otro país signatario. Estos tratados generan unas ciertas condiciones de estabilidad y prevén una serie de obligaciones, aunque también admiten la posibilidad que la inversión extranjera sea expropiada. No obstante, puede resultar cuestionable la expropiación de la inversión extranjera por parte del gobierno de un Estado. Así, resulta necesario reflexionar sobre cuál es el aporte en concreto que la inversión extranjera debe realizar en términos de justicia distributiva. Este artículo estudiará este aspecto de cara al caso del Estado Argentino.</p>