<p>El derecho de propiedad en Colombia ha tenido un desarrollo que ha impuesto cambios en su connotación absolutista, desde la Constitución Política de 1886, en su paso por la reforma de 1936, hasta la Constitución Política de 1991 a este derecho le ha sido reducido su “núcleo irreductible”, albergando conceptos de función social y ecológica, que han impuesto limitaciones al uso, goce y disposición del mismo derecho. Es entonces el caso de las áreas protegidas en las cuales se reconoce la propiedad, pero la misma se encuentra sujeta a las finalidades propias de estas áreas, es decir, las facultades de <em>ius utendi, ius fruendi y ius abutendi</em> se limitan en virtud del interés general y de la función ecológica que se impone a la propiedad, ya que la existencia de las áreas protegidas se torna en un factor fundamental para la consecución de un ambiente sano y el mantenimiento del equilibrio ecológico, pues el objetivo de su declaratoria es que se mantengan incólumes o intangibles, sin ningún tipo de daño y que no puedan ser alteradas, lo que se garantiza con su régimen estricto de usos, sin que esto implique una vulneración al núcleo esencial de la propiedad, siendo posible ejercer actividades compatibles con el plan de manejo de cada área protegida.</p>